§ En su cuenta pública del 2015, Bachelet anunció sus propuestas encaminadas a lograr la gratuidad en la educación (https://www.youtube.com/watch?v=KvrMzygDb-Q). Para el caso específico de la educación superior, mencionó que a la fecha se estaba avanzando en una ampliación del 16% del fondo disponible para aquellas becas enfocadas al 70% de los estudiantes chilenos con problemas para financiar sus estudios (12:33). Claramente esto perpetúa el papel asistencialista que el Estado ha venido ejerciendo en la educación en lugar de tomar las riendas en este asunto. Cabe mencionar que la ampliación de ese fondo sigue dejando una incógnita respecto a la ampliación del acceso (¿se darán mayor cantidad de becas que cubran menos arancel o se darán pocas becas que cubran casi su totalidad?). Llevando el asunto a la especificidad de la Uchile, se puede deducir que la mencionada medida no va de ninguna manera encaminada a solventar el déficit económico que tiene la universidad y no contribuiría significativamente en una inyección de recursos de parte del Estado (y eso que la Uchile es una universidad "pública"...) si se piensa que ese 16% se tiene que distribuir entre algunas de las 89 instituciones de educación superior acreditadas a la fecha (https://www.cnachile.cl/Paginas/buscador-avanzado.aspx).
Por otro lado, Bachelet proyectó que a partir del 2016 se aseguraría que el 60% de los estudiantes pobres de CFTs e IPs acreditados y sin fines de lucro y a universidades del CRUCH tengan educación gratis sin beca ni crédito (12:59). Esto se acompañaría con la creación de 2 nuevas universidades estatales en la VI región y la XI región y de una red de CFTs públicos vinculadas a las universidades estatales (14:41). El problema aquí radica en que una buena parte de los CFTs e IPs no están acreditados (y a ellos tienden a ir los estudiantes de menos recursos dado lo cortas que son las carreras, posibilitándoles una rápida salida al mercado de trabajo), por lo que las personas que acudan a estas instituciones en específico quedan a la deriva. Pero si consideramos el caso de las universidades del CRUCH (dentro de ellas la Uchile), no cabe duda que para apuntar hacia la gratuidad es necesaria la progresiva reducción del arancel. Si se hace efectivo el inicio del plan para el próximo año, las universidades recibirán menos ingresos por concepto del arancel, reduciendo sostenidamente su presupuesto. Si ya en el caso de la Uchile, que tiene un déficit presupuestario importante, resulta incierto el panorama con esta medida, ¿qué sucedería con las universidades privadas del CRUCH, y más aún, con los CFTs e IPs que también avancen a la gratuidad, considerando que una muy pequeña parte (o a veces ninguna) de su presupuesto viene de ingresos estatales? Obviamente el dilema está ahí en la privatización de dichas instituciones, pero eso es harina de un costal más grande...
§ En la presentación que se hizo del presupuesto de FACSO, se pudo constatar que el ingreso líquido de la facultad es de 100.000 millones de pesos, monto que en un 80% está compuesto por becas provenientes del nivel central (es decir, de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, o VAEC).
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